La sentencia resuelve el recurso promovido por una empresa del sector contra el acuerdo municipal por el que se prorroga el contrato de concesión del servicio domiciliario de agua potable, así como la ampliación del objeto contracutal a la gestión de los servicios de alcantarillado.

Desde una perspectiva procesal,  la sentencia admite la legitimación de la recurrente, empresa dedicada a la gestión de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y depuración.

En cuanto a las cuestiones de fondo, el Juzgado  declara que, dada la fecha de adjudicación, el contrato se rige por el RSCL y por la Ley de Contratos del Estado. De esta forma, se admite como causa de interés público suficiente para justificar la modificación del contrato la aprobación de una normativa que establece unos criterios más estrictos de calidad del agua del consumo humano y que obliga a la adjudicataria a realizar obras en el abastecimiento.

En cuanto a las fórmulas de reequilibrio, se admite la ampliación del objeto del contrato -por estar prevista en el pliego- y la ampliación de su duración -ya que no se rebasa el plazo de 50 años previsto en la LBRL-.