Cada vez más se utiliza el término “geoestrategia”, empleado por primera vez por el almirante estadounidense Alfred T. Mahan a finales del siglo XIX, como una evolución práctica del pensamiento geopolítico. Mientras la geopolítica analiza cómo la posición geográfica y los recursos condicionan el poder de los Estados, la geoestrategia se refiere a cómo los Estados utilizan de forma deliberada sus recursos, como serían los económicos, militares, diplomáticos o jurídicos, por señalar algunos, para alcanzar objetivos estratégicos en el contexto internacional.
En el siglo XXI, la contratación pública se ha convertido en uno de los instrumentos más estratégicos del Estado. En un entorno global marcado por rivalidades comerciales, escasez de insumos críticos y competencia por infraestructura, las decisiones de compra del Estado han dejado de ser asuntos puramente técnicos. Hoy, contratar es también decidir con quién se alinea un país, qué sectores protege y qué dependencias estratégicas asume o evita.
El profesor José María Gimeno Feliú, recientemente, en un congreso celebrado en Costa Rica, así como en el lanzamiento del Observatorio de Contratación Pública, sede Costa Rica, en el cual tuve la oportunidad de participar, dictó la conferencia inaugural y centró uno de sus principales comentarios en la relación entre geoestrategia y buena administración. Por ello, al igual que el profesor Gimeno, estoy convencido de que más que hablar de geopolítica, hoy debemos reflexionar sobre la geoestrategia en la contratación pública.
En tiempos en que los precios del petróleo, los microchips y otros bienes e insumos pueden redefinir relaciones diplomáticas o paralizar cadenas de valor, la contratación pública se transforma en una herramienta geoestratégica. No es casual que los Estados busquen proveedores de países aliados o reserven ciertos contratos a industrias nacionales estratégicas. Todo esto responde a una lógica clara: resguardar sectores críticos, reducir vulnerabilidades y proyectar soberanía.
La elección de un proveedor deja de ser una decisión meramente económico-administrativa para convertirse en una manifestación de política exterior y de alineamiento geopolítico, siempre con el interés general y la persona humana en el centro. El profesor Gaspar Ariño Ortiz no pudo haberlo dicho mejor, hace varias décadas, cuando afirmó que la causa de la contratación pública es el interés general.
Aplicar la geoestrategia en la contratación pública implica, al menos, evaluar el impacto estratégico de cada proceso: ¿afecta infraestructura crítica, transferencia tecnológica o autonomía operativa? También requiere diseñar procedimientos diferenciados para sectores sensibles como salud, defensa, telecomunicaciones o energía, e incorporar cláusulas geoestratégicas: origen de insumos, controles sobre propiedad intelectual, requisitos de ciberseguridad, entre otros.
Por eso creo que es urgente revisar las leyes y prácticas de contratación pública para incorporar esta dimensión estratégica. Sin sacrificar los principios de transparencia y competencia, los ordenamientos jurídicos deben habilitar decisiones que resguarden la seguridad nacional, la autonomía tecnológica, las infraestructuras críticas y la sostenibilidad a largo plazo. En este sentido, una regulación adecuada de los acuerdos G2G o de contratos especiales para infraestructura estratégica, bajo regímenes diferenciados con controles reforzados y justificación técnica robusta puede desempeñar un papel clave.
El marco jurídico dominicano aún trata la contratación pública desde una lógica predominantemente procesal, e incluso el proyecto de ley aprobado recientemente en primera lectura por la Cámara de Diputados no introduce cambios significativos en aspectos estratégicos. El contexto global exige evolucionar hacia un enfoque más integral. Para ello, se requiere establecer regímenes especiales de contratación estratégica, fortalecer la capacidad técnica de las unidades compradoras, incluir formación en análisis de riesgo geopolítico y económico, y promover la coordinación interinstitucional entre entidades como la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Industria y Comercio, entre otras cuyas funciones impactan bienes, servicios e infraestructuras estratégicas del Estado.
La contratación pública ya no puede concebirse como un proceso neutro. En muchos casos, es un espacio de definición geoestratégica, donde se juega la autonomía, la resiliencia y el posicionamiento internacional del país. Integrar la geoestrategia en los marcos normativos, institucionales y técnicos debe dejar de verse como una moda y asumirse como una necesidad. Es hora de que los hacedores de política pública, los operadores del sistema de compras y los centros de pensamiento —como este Observatorio— reflexionen activamente sobre la dimensión estratégica de cada decisión de compra, anticipando riesgos y alineando los procesos al interés general.
La República Dominicana, gracias a su estabilidad, su economía, seguridad jurídica y potencial de fortalecer su institucionalidad, puede convertirse en un referente regional en esta materia. Esa es la visión de una contratación pública del siglo XXI a la que apuesto y por la que seguiré trabajando.
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