Opinión
El artículo analiza el tratamiento de las ofertas anormalmente bajas en los contratos públicos de obras y sostiene que parte del problema radica en el diseño actual de la oferta económica, normalmente limitada a una cifra global o porcentaje de baja sin justificación estructurada. Frente a ello, propone sustituir este modelo por una oferta económica desagregada, presentada mediante catálogos electrónicos o archivos interoperables tipo BC3, que incorporen precios unitarios y parámetros de cálculo. La propuesta encuentra respaldo en la Directiva 2014/24/UE y resulta funcionalmente compatible con la LCSP. Su adopción permitiría reforzar la transparencia, mejorar la comparabilidad entre ofertas, anticipar el control de viabilidad económica y automatizar la detección de anomalías presupuestarias. En definitiva, se defiende una evolución desde un control correctivo ex post hacia una prevención estructural del riesgo contractual.
La Comisión de la UE ha propuesto incorporar la resiliencia en la contratación pública como una exigencia concreta y evaluable. Con ello, la Comisión deja claro que el suministro de medicamentos críticos no puede seguir dependiendo de modelos centrados solo en el precio. Aunque el foco está en la industria farmacéutica, el mensaje es evidente y este enfoque podría replicarse en la compra de tecnología sanitaria, un sector sometido igualmente a gran presión. Un movimiento con potencial de reconfigurar el ecosistema de compra sanitaria en Europa.
Nuestros colaboradores
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Docente Ordinario del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. -
Director de Estudios y proyectos en Optima Facility -
Abogado -
Directora del Dpto. de Licitaciones en el Grupo Corsys. -
Profesor Titular de Derecho Administrativo. Director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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Abogado, Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza -
Profesor titular de Derecho Constitucional. Abogado. Secretario Superior de Administración Local y Administrador General de la CCAA de Canarias (excedente).


