La contratación pública es un procesos complejo y regulado. En España, los contratos menores, aquellos que no superan un límite económico (15.000 € para servicios y 40.000€ para obras), buscan facilitar y simplificar los procesos de adjudicación, permitiendo una mayor agilidad en los procedimientos administrativos, así como proporcionalidad entre el precio del contrato y el coste de los recursos necesarios para su tramitación. Sin embargo, esta ventaja en ocasiones se convierte en un recurso mal empleado, generando abusos que, en lugar de simplificar, distorsionan la competencia y equidad en la compra pública. Este fenómeno, que podría definirse como un fraccionamiento de contratos mayores, es una práctica que ocurre en diversas AAPP y representa un desafío importante para las entidades de control (interno y externo).
El abuso de los contratos menores suele realizarse mediante el troceado de un contrato mayor en varios contratos menores, una práctica que evade los requisitos de publicidad y concurrencia, fomentando la discrecionalidad en las adjudicaciones. Aunque la legislación establece claramente que los contratos menores son excepcionales y se prohíbe explícitamente el fraccionamiento como mecanismo para evitar el proceso de licitación, la realidad es que esta práctica persiste. Esto atenta directamente contra principios fundamentales de la contratación pública, al limitar la competencia y la igualdad de trato hacia las empresas y al no tener en cuenta la eficiencia en el gasto público permitiendo aprovechar economías de escala.
Para combatir esta situación, y aprovechando la riqueza de datos e información de la que disponemos hoy en día en el ámbito de la contratación pública, se pueden tomar dos vías de actuación. La primera pasa por detectar y sancionar de forma efectiva el mal uso del fraccionamiento de contratos, abusando de los contratos menores. La segunda, y más interesante de cara a la mejora de la calidad y eficiencia de la contratación pública, es la identificación de contratación similar, no sólo de contratos menores sino de cualquier contrato, para fomentar la compra agregada y la racionalización del gasto, favoreciendo las economías de escala y la eficiencia administrativa.
Una herramienta que permita trabajar sobre estas dos vías de actuación debe operar sobe grandes volúmenes de datos, identificando relaciones entre contratos que, a simple vista, podrían pasar desapercibidas para los organismos de control. Esto se logra mediante el uso de algoritmos de IA y técnicas de análisis de similitud, que permiten evaluar contratos con características semejantes, ya sea en términos de objeto, fechas, proveedores involucrados, importes, etc.
Este tipo de herramientas son valiosas tanto para los órganos de control interno (Intervención) y externo (Tribunales de Cuentas) como para las Direcciones Generales de Contratación. La información extraída y presentada por la herramienta permite llevar a cabo auditorías más eficientes y focalizadas, maximizando los recursos y minimizando los tiempos de investigación en la detección de irregularidades. Además, permiten realizar análisis completos de la contratación pública para identificar oportunidades de racionalización de la contratación en determinados ámbitos.
Gracias, como comentábamos, al uso de datos, y su conjunción con tecnologías de análisis masivo de datos, se pueden desarrollar soluciones y algoritmos que tienen por objetivo la identificación de estos casos de troceado de contratos. Estas soluciones permiten identificar patrones y similitudes entre contratos menores que podrían indicar un intento de fraccionamiento. A través de este análisis, es posible detectar aquellos casos en los que un contrato menor se repite para una misma administración y para un mismo producto o servicio, es decir, que son susceptibles de que un contrato mayor ha sido dividido en varios menores con el fin de eludir el proceso de licitación.
Por otra parte, detectar contratos similares que se han licitado por una misma, o distintas administraciones, para dar cobertura a una misma necesidad (por ejemplo, provisión de servicios de limpieza de edificios), permitirá a los órganos de dirección y racionalización de la contratación pública identificar posibilidades para establecer economías de escala, ya sea en la propia entidad o bien mediante compra conjunta, poco usada de momento en España pero de gran utilidad en otros países europeos. Esto puede permitir, por ejemplo, consolidar varios contratos licitados por procedimiento abierto (con lo que ello conlleva), bajo un mismo contrato, o incluso establecer mecanismos de agregación de demanda como acuerdos marco.
Veamos ahora un ejemplo de cómo funciona esta tecnología, con un caso real de identificación de contratos similares. A continuación, se muestra un ejemplo de una serie de contratos menores por un mismo objeto, pero para fechas distintas de ejecución. Aunque el contrato es adjudicado en distintos momentos, hay varios datos clave que permiten identificar que se trata del mismo objeto contractual, como la propia descripción similar del contrato, el importe de este, o que tienen el mismo adjudicatario (que ha sido anonimizado en este caso).
El uso de tecnologías en estos ámbitos responde a una creciente necesidad de transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos. La tecnología permite no solo detectar irregularidades, sino también prevenir su aparición mediante una monitorización constante de la contratación pública. Además, el uso de esta herramienta puede actuar como un elemento disuasorio para aquellos que, en el pasado, han recurrido a este tipo de prácticas irregulares.
Desde NTT DATA hemos desarrollado una herramienta para detectar el fraccionamiento de contratos y fomentar la agregación de la demanda de forma similar a lo descrito en este artículo. Os invitamos a conocer más en nuestra solución para transformar los procesos de contratación gracias a los datos e IA, MiTender: https://mitender.es/caso/fraccionamiento-de-contratos/
