El pasado 25 de junio de 2025 fue aprobado por el Gobierno de Aragón el Plan de compra pública socialmente responsable. Se trata de un documento mediante el cual se persigue fomentar la contratación pública estratégica en los procedimientos de contratación promovidos por los Departamentos del Gobierno de Aragón y sus organismos públicos. 

Mediante esta iniciativa se intenta dar un paso más en la verdadera implantación de políticas públicas sociales, medioambientales y de innovación. Todo ello, a la vez que se da satisfacción a las necesidades de adquisición de bienes y prestación servicios públicos por parte de la Administración. Estos principios no son extraños al mundo de la contratación pública, es más, desde la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“LCSP”) se constata la necesidad de incluir, como principio transversal, la inclusión de criterios sociales y medioambientales en consonancia con otros principios tradicionales de los que se ha venido nutriendo la contratación pública. 

En el territorio aragonés existen ya normas, como la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública, que tiene como objetivo promover una contratación pública ecológica, socialmente responsable e innovadora, superando e, incluso, reformulando otros principios clave de la contratación pública como puede ser la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

Fruto de esta necesidad de alcanzar estos objetivos estratégicos, ha nacido a la vida jurídica el Plan de compra Pública Estratégica del Gobierno de Aragón. Este plan se fundamenta en tres premisas que permiten que este documento no se quede en una simple declaración de principios: implementación de un marco normativo, fijación de una estrategia organizativa y en la creación de estructuras de soporte adecuadas. 

Es cierto que Aragón ya goza de un soporte normativo como el detallado en los párrafos anteriores, pero no resulta menos cierto que era necesario elaborar una estrategia concreta para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y su concreta implantación. Para poder lograrlo, ha sido necesaria una extensa labor de análisis de los procedimientos de contratación tramitados en el sector público aragonés, la situación del mercado, así como el tejido empresarial, incluyendo dentro de éste a los centros especiales de empleo, empresas de inserción o cooperativas, entre otros. Todo ello para evitar desproporcionalidades que no harían sino implementar medidas vacías y sin impacto alguno. 

El Plan de compra Pública Estratégica es ambicioso. Es por ello por lo que recoge diversos instrumentos, en dos niveles, para controlar su eficacia. Así, no sólo se persigue la obligatoriedad de inclusión de determinadas cláusulas en cada proceso de contratación, sino que, adicionalmente, se recogen medidas tendentes a verificar los verdaderos efectos de éstas durante la ejecución de los contratos donde ya se hayan implementado. 

Para logar sus objetivos, el Plan de compra Pública Estratégica prevé la implementación de tres fases bien diferenciadas donde se desarrolle, en primer lugar, el desarrollo de objetivos sociales, posteriormente el desarrollo de cuestiones medioambientales y una tercera fase destinada a la innovación. 

Nos encontramos ante la aprobación de la primera de las fases: el Plan de Compra Pública Socialmente Responsable (“Plan”). El Plan se estructura en dos apartados fundamentales que son el (i) fomento de la economía social y (ii) el fomento de otros objetivos sociales. 

Para fomentar la economía social se persiguen dos objetivos, que se lograrán mediante la implantación de medidas concretas también detalladas en el Plan.

A) Objetivo 1: incrementar el volumen de contratos reservados: 

Este objetivo se logrará mediante, entre otras, las siguientes medidas: 

• El incremento del volumen de contratos reservados para Centros Especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción u otras entidades de economía social. 

El propio Plan establece una nueva propuesta de fórmula de cálculo del porcentaje de reserva obligatorio que tendrá lugar, bien mediante su inclusión en la Ley de presupuestos de cada ejercicio o, bien mediante el desarrollo mediante un Decreto que lo regule. Para su cálculo se utilizan criterios objetivos basados en diversas alternativas ya prefijadas en función de la tipología del contrato o su cuantificación económica, ya sea del presupuesto base de licitación o del importe global de las adjudicaciones.

• Necesidad de mejorar el conocimiento de los gestores y órganos de contratación sobre las entidades de economía social y la reserva de contratos, así como determinar las obligaciones de planificación, seguimiento y publicación de resultados. 
• Desarrollar la reserva de la Disposición Adicional 48 LCSP donde se permite que determinados contratos de servicios sociales, culturales y de salud deban adjudicarse a entidades de economía social, reserva que no ha llegado a materializarse – hasta la fecha – en ningún expediente. 
• Permitir la subcontratación a empresas convencionales, hasta un máximo de un 20 %, en contratos reservados, siempre y cuando existan límites prefijados y convenientemente validados por la Junta de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

B) Objetivo 2: facilitar a las empresas de Economía Social competir en los procesos de contratación pública 

Destacan, dentro de las concretas medidas propuestas, las siguientes: 

• Ofrecer formación a este tipo de entidades para que puedan preparar y presentar ofertas, siendo éstas extensibles a Pymes y autónomos. 
• Fomentar que las entidades de economía social se inscriban en el registro de licitadores. 
• Favorecer la asociación entre las entidades de economía social y las empresas convencionales para participar conjuntamente en la contratación pública. 

El Plan, a su vez, detalla también otros objetivos de carácter social distintos a los anteriores que pretenden fomentar la igualdad de género, mejorar las políticas de diversidad, el empleo digno y seguro, entre otros muchos. Las principales medidas propuestas consisten en elaborar directrices que contengan cláusulas de compra pública socialmente responsable cuya inclusión resultará obligatoria en los contratos públicos. Estas cláusulas, como no puede ser de otro modo, deberán ser proporcionales, adecuadas y eficaces para garantizar la seguridad jurídica y, evitar – en la medida de lo posible – restricciones injustificadas de la competencia. 

Las principales medidas recogidas en el Plan son las siguientes: 

• Apoyo al empleo de menores de treinta años, personas con discapacidad, o en riesgo de exclusión. 
• Mejorar la inserción laboral de mujeres y jóvenes, en materia de igualdad, reducción de siniestralidad laboral, entre otros. 
• Favorecer la adquisición de productos de proximidad, así como la compra pública ética, incluyendo criterios de Comercio Justo o la adquisición de productos de Km 0. 

La inclusión de cláusulas sociales en los distintos contratos se realizará de forma gradual, pero obligatoria, estableciendo la necesidad de que los órganos competentes del Gobierno de Aragón se pronuncien sobre su validez. Ya apunta el Plan la necesidad de implantar este tipo de clausulado de forma proporcional, respetando al máximo los principios de libre concurrencia ya que la implantación de medidas desproporcionadas puede ser considerada ser susceptibles de anulación. 

En conclusión, nos encontramos ante el principio de un largo camino, tendente a la consecución real de los principios informadores de la “contratación pública estratégica”. Camino que, por otro lado, va a requerir un gran esfuerzo por parte de los poderes públicos.

 
No nos equivocamos al afirmar que la contratación pública debe ser entendida como un importante instrumento de justicia social que permite cumplir objetivos de desarrollo sostenible, así como mejorar la vida de los ciudadanos. La implementación de estrategias definidas en planes, como el Plan de compra pública socialmente responsable suponen un viento nuevo que verdaderamente impulsará la consecución de estos fines. 

Se adjunta el Plan de Compra Pública Socialmente Responsable publicado en la web del Gobierno de Aragón.