En la práctica, es habitual encontrar pliegos que, como mecanismo para acreditar la solvencia, exigen al licitador aportar certificados de buena ejecución emitidos por entidades contratantes del sector público. En gran medida, ello restringe la competencia en perjuicio no solo de aquellas empresas que han realizado contratos similares, pero ajenos a la contratación pública, sino también de aquellas empresas que han estado presentes en contratos públicos, pero en calidad subcontratistas.

En estos casos, el fronting con la entidad contratante lo tiene el adjudicatario o contratista principal, de modo que aquel se ve privado normalmente de figurar en certificado de buena ejecución alguno. Por fortuna, la doctrina administrativa y algunos legisladores autonómicos han corregido esta deficiencia: la experiencia adquirida por el subcontratista también es válida.

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