Opinión
- La Declaración Potenciando la sostenibilidad a través de la compra pública, adoptada por en la XVIII Conferencia Anual de la RICG representa un importante compromiso continental de los países americanos de avanzar hacia un modelo de gobernanza que eleve el estándar de calidad, eficiencia, resultados y valor público de los sistemas de contratación pública de América Latina y el Caribe, facilitando y promoviendo la transición hacia un modelo de tipo estratégico, sostenible e inclusivo.
Especial referencia al Informe 4/2021 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña (comisión permanente). La revisión de precios de los contratos del sector público, específicamente, en determinados contratos de concesión en el sector del agua.
A lo largo del tiempo, el contrato público ha cambiado de función y de sentido. Lo que comenzó siendo un trámite para garantizar legalidad y transparencia ha evolucionado hacia una herramienta de gestión, de apertura al mercado y de impulso de políticas públicas. Comprender este recorrido ayuda a ver la contratación pública como algo más que un procedimiento, permitiendo reconocer su valor como instrumento para responder a las necesidades sociales y mejorar la acción del Estado.
La cuestión planteada, de particular interés práctico, adquiere especial relevancia en un contexto en el que se fomenta la apertura de los procedimientos de contratación a un mayor número de operadores económicos. En particular, se examina si una empresa no clasificada, pero debidamente inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), puede acreditar la clasificación exigida por los pliegos mediante la cesión formal de medios de una empresa clasificada.
Autores: Carlos Alberto Amoedo Souto (Universidade da Coruña) y Eduardo Melero Alonso (Universidad Autónoma de Madrid).
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