La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas que provocan en la Administración la obligación de velar por el respeto a los principios generales de la contratación en el urbanismo.

Ex artículo 12 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero.

Es notable la importancia que se está concediendo a las «consultas preliminares del mercado».

El pasado 6 de octubre se dictó la Sentencia 747/2016, As. C-318/15, Tecnoedi Costruzioni Srl y Comune di Fossano (EU:C:2016:747), en la que se planteaba una cuestión prejudicial sobre la que parece oportuno reflexionar aunque el Tribunal de Justicia la declarara inadmisible y, por tanto, no llegara a resolverla.

El 19 de noviembre de 2016 The Economist divulgó un estudio basado en el análisis de los contratos publicados en el Tenders Electronic Daily (TED).

A propósito de la Resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 120/2016, de 14 de diciembre.

Existen una serie de servicios que todo organismo público está obligado a contratar, como son la limpieza en todo caso y la vigilancia, servicios que se prestan en la sede donde se aloja el organismo.

Las UTEs están expresamente reconocidas en la legislación en materia de contratos públicos, que las contempla como una forma posible de concurrir a los procedimientos de adjudicación.