Viene siendo habitual que sociedades que configuran un determinado grupo empresarial acudan de forma separada a una misma licitación pública. Si bien es cierto que esta circunstancia no debe de comportar un rechazo automático de sus ofertas, no lo es menos que el órgano de contratación deberá de “radiografiar” a dichas personas jurídicas, al objeto de determinar si verdaderamente son licitadores independientes o, por el contrario, se trata del mismo sujeto que incurriendo descaradamente en un fraude de ley pretende conseguir una posición de ventaja para con sus competidores.

El Informe 7/2013 de 6 de junio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Pleno).

Análisis del Acuerdo 5/2012, de 27 de noviembre del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón

Artículo de opinión publicado el 9 de julio de 2013 en el Diario La Razón

La reciente puesta en público del Informe elaborado por la Comisión para la Reforma Administrativa (CORA) ha generado numerosas opiniones sobre las concretas –y numerosas- medidas que se proponen.

Desde su creación, la CNC ha querido interpelar a las Administraciones Públicas como destinatarias de los mensajes de defensa de la competencia.

(A propósito de las conclusiones del Abogado General Sr. Melchior Wathelet en el asunto C-576/10, Comisión Europea c. Reino de los Países Bajos)

La diferencia entre contrato, convenio y subvención plantea un reto intelectual que no siempre da buenos frutos.