En los últimos años nuestro sistema jurídico está experimentando una serie de cambios que, en buena medida, nos permiten afirmar que estamos en un momento crítico en la construcción y consolidación de una estrategia anticorrupción efectiva en la contratación pública. Aunque la normativa de ejecución de los Fondos NGEU ha sido criticada por generar cargas adicionales y plantear ciertas incoherencias con el sistema previo, en este breve análisis se resaltan algunos elementos positivos del cambio que se está experimentando y la cultura de la integridad, planteando tres de los elementos fundamentales para su implementación y posible revisión futura.

INTERÉS CASACIONAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS. Intereses de demora. Cómputo. Recepción de las obras por parte de la Administración que emite varias certificaciones finales y rechaza las facturas presentadas por la contratista, al apreciarse defectos y errores, produciéndose el pago, una vez solventados, varios meses después.

El incremento excepcional de los costes de ejecución de los contratos públicos está revelando las graves deficiencias que aquejan a la regulación de esta fase de la contratación pública. A la tradicional confusión entre el entre el factum principis y el riesgo imprevisible, se ha unido ahora la delimitación entre éste y el ius variandi, ya que se ha planteado la cuestión de si forma más adecuada de hacer frente al referido incremento es la modificación del precio sin más o la compensación por riesgo imprevisible y, en último término, si tales técnicas son las más idóneas para hacer frente a situaciones de crisis como la actual o resulta más apropiado acudir a la legislación de urgencia.

En el presente artículo se exponen los resultados de una investigación realizada sobre los criterios objetivos de valoración automática distintos del precio en el contrato de obra. La investigación se ha centrado en su naturaleza, frecuencia, ponderación y su influencia real en la puntuación final del contrato de obra en el conjunto de las entidades la Administración General del Estado. Se realiza una propuesta para mejorar su aplicación en la valoración del contrato.