La contratación pública puede utilizarse estratégicamente para garantizar que los adjudicatarios de los contratos públicos cumplen sus obligaciones en materia de igualdad y, quizás, también para fomentar que establezcan medidas más allá de lo legalmente exigido, por ello resulta interesante conocer la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en relación con aplicación de las prohibiciones de contratar y la utilización de criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución relativos a los planes de igualdad.