La contratación pública basada en valor es la llave para que el Sistema Nacional de Salud incorpore las soluciones tecnológicas más innovadoras, permitiendo ofrecer a la ciudadanía una prestación de salud de alta calidad y sostenible económicamente. Una transformación completa del modelo aún demandará tiempo, pero existen elementos que pueden comenzar a aplicarse progresivamente en la configuración de las licitaciones, para avanzar hacia una compra pública sanitaria más eficiente.

Hoy quiero traer a colación la interesante Sentencia 180/2021 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de A Coruña, de 23 de noviembre de 2021, que ha estimado nuestras pretensiones en materia de contratación.

La incorporación de criterios sobre igualdad de mujeres y hombres en la contratación pública ha tenido poca relevancia práctica hasta el momento. Ahora que la pandemia COVID-19 ha agravado la brecha de género y que la igualdad de mujeres y hombre será uno de los ejes que guiarán la recuperación debería producirse un avance en la utilización de los criterios de igualdad en los contratos públicos, pero para ello es necesario elaborar una estrategia.

Los pactos de integridad vuelven a estar de actualidad, vinculados a la aprobación de los Fondos Next Generation EU, la aprobación de los planes de medidas antifraude y a la necesidad de controlar las inversiones realizadas. La cuestión que se pretende responder es si se trata de una herramienta adecuada para llevar a cabo esa función de control, qué aporta frente a mecanismos previamente existentes y si se puede aprender algo de las experiencias desarrolladas en España y en otros países de la Unión Europea.