Opinión
La primera premisa para la participación en la Contratación Pública es que la Empresa Licitadora (o, en ámbitos, el operador económico) se asegure del cumplimiento administrativo por el que podrá optar a presentarse a la Licitación electrónica en los Contratos del Sector Público.
A propósito de la STS (Sala de lo Civil) de 19 de febrero de 2025, relativa a las medidas de restablecimiento de la economía de contratos celebrados por AENA como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia del Covid-19.
Este estudio se centra en analizar los factores que influyen en la participación en licitaciones públicas, específicamente en el número de ofertas recibidas. Para ello, se seleccionó una muestra aleatoria de 585 contratos de obra adjudicados por procedimientos abiertos entre 2018 y 2021. El objetivo es investigar cómo variables como el Presupuesto Base de Licitación (PBL), la configuración de criterios subjetivos y otros elementos del sistema de licitación afectan la cantidad de ofertas presentadas. Este análisis busca identificar y mitigar las barreras que limitan la participación en licitaciones, mejorar la transparencia y competitividad del proceso, y asegurar una asignación eficiente y equitativa de los recursos públicos.
Este artículo ofrece un análisis comparativo entre el Artículo 309.1 y la Disposición Adicional 33ª de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), examinando los contextos y las implicaciones de su aplicación en la práctica contractual. El objetivo es clarificar la interpretación y aplicación de estos preceptos, proporcionando una guía para su implementación efectiva en el manejo de contratos públicos.
ESPECIAL REFERENCIA al Informe 30/2024, de 24 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Cataluña (Comisión Permanente), sobre la posibilidad de compensar las alteraciones al alza y a la baja del precio de los contratos derivadas de modificaciones no previstas, a efectos del cómputo del límite máximo de alteración del 50% del precio inicial.
Nuestros colaboradores
-
Jefe de Servicio de Asuntos Generales y Contratación de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Gobierno de Canarias. -
Analista de la Dirección de Políticas, Normas y Procedimientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas y facilitador del “Marco normativo del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas” en las capacitaciones que la misma provee -
Socio responsable del departamento de Derecho Público de CLEMS Abogados -
Abogado -
Jefe del Servicio de Coordinación Administrativa de la Consejería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población (Gobierno de La Rioja) -
Funcionaria de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
-
Gerente del Área de Derecho Público de DELOITTE Abogados, para Aragón y La Rioja.


