Opinión
El incremento excepcional de los costes de ejecución de los contratos públicos está revelando las graves deficiencias que aquejan a la regulación de esta fase de la contratación pública. A la tradicional confusión entre el entre el factum principis y el riesgo imprevisible, se ha unido ahora la delimitación entre éste y el ius variandi, ya que se ha planteado la cuestión de si forma más adecuada de hacer frente al referido incremento es la modificación del precio sin más o la compensación por riesgo imprevisible y, en último término, si tales técnicas son las más idóneas para hacer frente a situaciones de crisis como la actual o resulta más apropiado acudir a la legislación de urgencia.
En el presente artículo se exponen los resultados de una investigación realizada sobre los criterios objetivos de valoración automática distintos del precio en el contrato de obra. La investigación se ha centrado en su naturaleza, frecuencia, ponderación y su influencia real en la puntuación final del contrato de obra en el conjunto de las entidades la Administración General del Estado. Se realiza una propuesta para mejorar su aplicación en la valoración del contrato.
El objeto de este artículo es analizar el contenido del Art. 130.2 LCSP, y la discrepancia que surgió en cuanto a su interpretación entre los Tribunales Administrativos de Contratación (TACP Madrid y TACRC), finalmente resuelta por la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 30 de Marzo de 2023.
Nuestros colaboradores
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Socio of Counsel en Roca Junyent, S.L.P. (Departamento Derecho Público). Director del Anuario de Transparencia Local. Asesor de Formación del Consell Superior de la Justicia de Andorra -
Letrada de la Dirección de Servicios de Secretarías Delegadas de la Secretaria General de la Diputación de Barcelona -
Presidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid -
Director de Servicios Generales. Gerencia de Recursos. Ayuntamiento de Barcelona -
Secretaria General de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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Subdirector de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
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Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna


