El Diario Oficial del Unión Europea de 1 de abril de 2020 ha publicado la Comunicación  Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19. Constituye una breve Guía a través de la cual se pretende ofrecer “soluciones rápidas e inteligentes” para la adquisición de los bienes, servicios y obras necesarios para hacer frente a la crisis del COVID-19.  A través de esta opinión se busca difundir su contenido, así como esbozar cuáles son sus implicaciones en el Derecho español.

El modelo de desarrollo socioeconómico preponderante en la actualidad se basa en el siguiente esquema: extraer recursos; producir bienes; consumir; y desechar. Ha quedado en evidencia que este modelo es insostenible. Sus consecuencias, la crisis climática y la extrema dependencia de la economía europea de recursos naturales externos, cada vez más limitados y expuestos a la variabilidad de precios de los mercados, con los consiguientes riesgos para la competitividad de la economía y de las empresas europeas.

La situación del COVID-19 representa una crisis sanitaria, social y económica cada vez más urgente en todo el mundo. Para encontrar una solución a las necesidades inmediatas que enfrentamos en esta crisis, los gobiernos de Europa pueden aplicar un procedimiento acelerado que reduce de manera efectiva los plazos, denominado ‘procedimiento negociado sin publicación previa’ (también conocido como adjudicación directa).

El mundo se enfrenta a un enemigo invisible pero devastador que en poco tiempo se ha extendido por todo el mundo, llevando al Gobierno de España, nada menos que a declarar el segundo estado de alarma desde que fue aprobada la Constitución de 1978. Puede afirmarse, sin la menor duda, que es la primera vez que se utiliza esta figura con toda su intensidad.

La extensión del virus COVID 19 ha justificado, por su propagación mundial, la declaración de pandemia global, tal como ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. La situación de alerta sanitaria de máximo nivel ha justificado, ex artículo 116 CE, la declaración del estado de alarma, acordada mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en adelante RDEA), obligando, entre otras importantes medidas, a limitación máxima de actividad presencial, lo que ha impactado sobre la ejecución práctica de los contratos públicos vigentes.

El Tribunal Supremo, en cuatro sentencias de 20 de noviembre de 2019, declaró la conformidad a Derecho de los acuerdos del Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) de 6 de noviembre de 2012 y de 21 de mayo de 2013, por los que, en esencia, se creó el servicio del ciclo integral del agua y se estableció su gestión mediante sociedad de economía mixta, atribuyendo directamente a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. (SGAB) la condición de socio privado de la misma.